Los diputados explicaron que aunque se han hecho múltiples denuncias que han llegado hasta la Junta Central Electoral (JCE), decidieron poner el caso en manos de un fiscal de delitos electorales, una figura creada recientemente con la Ley 20-23, sobre Régimen Electoral.
De acuerdo con el diputado Luis Henríquez, vocero del PLD en la Cámara Baja, el uso de los recursos públicos en la campaña "va en detrimento" de las candidaturas presentadas por la Alianza Rescate RD y podría alterar la voluntad del pueblo para elegir a los alcaldes en las elecciones municipales del 18 de febrero.
El bloque de diputados opositores culpó al presidente Luis Abinader, por alegadamente encabezar un esquema en el que ordena a los funcionarios del Estado visitar las provincias del país para llevar ayudas sociales en plena campaña política, con el propósito de aumentar su simpatía de cara a las próximas elecciones municipales.
En ese orden, el vocero del PLD citó casos como los funcionarios que dirigen el Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa), la Dirección General de Proyectos Estratégicos del Gobierno (Propeep) o el programa Supérate, quienes son designados como "figuras políticas" para buscar votos a favor de los candidatos oficialistas.
En la denuncia que depositaron los congresistas peledeistas, se asegura que la Dirección Ejecutiva del PRM ha usado la estrategia de enviar a funcionarios al interior del país para realizar actividades proselitistas disfrazadas de entregas sociales.
"La figura del fiscal electoral que se ha creado con la Ley 20-23 tiene la responsabilidad de actuar desde que reciba la denuncia. Esto evidencia la necesidad de que el procurador especializado actúe y a eso hemos venido", sostuvo Henríquez.
La denuncia que sometió el PLD involucran a la Dirección Nacional de Embellecimiento, al Gabinete de Políticas Sociales, al programa Supérate, a Propeep y a otras instituciones por presuntamente usar sus programas gubernamentales como estrategias de campaña.
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